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De esta forma, la Cámara Baja avala la propuesta del Ministerio de Hacienda de adecuar estos parámetros a la realidad económica de España y respalda también una senda más transitable, que permite reducir el déficit y la deuda pública sin poner en peligro el crecimiento y la creación de empleo. Ahora, el trámite parlamentario continuará en el Senado.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido durante su intervención en el Pleno del Congreso que los nuevos objetivos de estabilidad ponen las bases para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2020. Unas cuentas públicas que incluirán los compromisos del Gobierno para fortalecer el Estado de bienestar y recuperar derechos, al tiempo que respetarán las reglas fiscales de la UE.
Montero ha señalado que se trata de una senda "realista y creíble" que permitirá compaginar la consolidación fiscal con la apuesta del Gobierno por reforzar las políticas públicas y los servicios esenciales para no dejar a nadie atrás.
En concreto, el Acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de febrero que hoy ha ratificado el Congreso establece un objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas del 1,8% del PIB en 2020.
Para la Administración Central, el límite es del 0,5%; para las Comunidades Autónomas queda fijado en el 0,2%; para la Seguridad Social en el 1,1% y equilibrio presupuestario para las entidades locales.
De esta forma, el mayor esfuerzo fiscal lo realizará la Administración Central, que debe reducir su déficit desde el 1,32% registrado en 2018, al 0,5%. Es decir, una disminución de ocho décimas en dos ejercicios. La Seguridad Social tiene que rebajar su déficit del 1,44% al 1,1%, lo que supone una reducción de tres décimas. Por último, el esfuerzo exigido a las Comunidades Autónomas es menor y basta con reducir una décima su déficit.
Por su parte, la senda aprobada para el período 2021-2023 fija un déficit para el conjunto de Administraciones Públicas del 1,5% en 2021; del 1,2% en 2022; y del 0,9% en 2023.
El desglose por subsectores fija que la Administración Central reduzca su déficit progresivamente hasta quedar en el 0,1% en 2023. Las Comunidades Autónomas disminuirán su déficit una décima cada año hasta alcanzar el equilibrio en 2022 y 2023.
Para las Entidades Locales se contempla equilibrio presupuestario durante todo el período 2021-2023. Y la Seguridad Social reducirá de forma más moderada su déficit hasta situarlo en el 0,8% del PIB en 2023.
Deuda pública y regla de gasto
Asimismo, el objetivo de deuda pública de 2020 para el conjunto de las Administraciones Públicas se establece en el 94,6% y se reducirá hasta quedar por debajo del 90% (89,8%) en 2023.
En este sentido, la ministra de Hacienda ha puesto en valor que España ha cerrado 2019 con una reducción de la deuda pública de más de dos puntos, lo que supone el mayor ritmo de descenso desde 2007. Esto ha permitido cumplir el objetivo del 95,9% y situar la ratio en el 95,5% del PIB, lo que supone la cifra más baja desde 2012.
Por último, el acuerdo ratificado hoy por el Congreso contempla la tasa de variación a efectos de cumplimiento de la regla de gasto que será del 2,9% en 2020 y se incrementará hasta alcanzar el 3,3% en 2023.
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